25 de septiembre de 2015

El comienzo de este curso escolar ha supuesto una gran incertidumbre en la comunidad educativa por la obligación de aplicar la LOMCE, una Ley Básica que ha provocado el rechazo no solo del sector educativo, sino también de numerosas comunidades autónomas de distinto signo político encargadas de su aplicación, lo que en la práctica se traduce en unas grandes diferencias en los criterios con los que se está desarrollando. Este rechazo también se ha producido en toda la oposición política, que ha acordado derogarla en la primera ocasión en la que el PP deje de tener mayoría parlamentaria.

Desde la llegada de la democracia se han sucedido siete leyes educativas: la LGE, que nace en los últimos años del franquismo y que está en vigor hasta 1980, año en que se aprueba la LOECE, promovida por el Gobierno de la UCD. En 1985 se aprueba la LODE, con el PSOE en el Gobierno. En 1990 se aprueba la LOGSE, donde el Gobierno del PSOE descentraliza su aplicación en las comunidades autónomas. En 1995 el PSOE aprueba la LOPEG, que provoca un gran rechazo entre el profesorado y los sindicatos de la enseñanza. Cuando el PP de Aznar llega al poder aprueba en el año 2002 la LOCE, cuya peculiaridad es que nunca llegó a aplicarse. Con el Gobierno de Zapatero en 2006 se aprueba la LOE con un amplio consenso político, salvo la oposición del PP, como en los anteriores proyectos promovidos por el PSOE. Llegamos por último a la LOMCE liderada por el ministro José Ignacio Wert, actualmente en vigor y aprobada en solitario por el PP. Esta situación insostenible daña gravemente a la columna vertebral de un país, que tiene que basar su futuro en la educación y formación de su ciudadanía.

La estabilidad de nuestro sistema educativo estuvo a punto de conseguirse en torno a un amplio consenso político y social, durante los dos años en los que estuvo en el Ministerio de Educación Ángel Gabilondo, quien se propuso terminar con esta permanente transitoriedad que tanto daño estaba causando a la educación. Pero el intento fracasó porque a última hora se descolgó del acuerdo el PP.

Esta situación no puede ni debe continuar, el futuro de una sociedad se basa en la estabilidad de su sistema educativo, entre otras razones, porque los frutos de la educación se logran a largo plazo, por lo que requiere una continuidad prolongada en el tiempo. Hace falta, por tanto, un gran pacto político y social que requiere generosidad por parte de todos y una visión política que mire al futuro y vaya más allá de intereses partidistas.

La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA, en colaboración con la Fundación Cajasol, organizará el próximo viernes día 25 de septiembre a las 19 horas, en la sede de la Fundación Cajasol (Ronda de los Tejares 32), la actividad Una Mirada a la Educación: El Pacto Necesario. En este debate intervendrá Ángel Gabilondo, ministro de Educación entre los años 2009 y 2011 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, e impulsor de ese gran pacto por la educación en España. A continuación tendrá lugar un coloquio moderado por la presidenta de la Asociación FUTURA, Victoria Fernández.

El también catedrático de Metafísica y actual diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid expondrá los contenidos básicos que deberían ser abordados en una necesaria nueva iniciativa al efecto y en particular las estrategias para conseguir el acuerdo, a partir de la consideración de aspectos relativos, entre otros, a la calidad de la enseñanza, la financiación y la formación del profesorado.

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