Una mirada al patrimonio viario rural de Córdoba

El patrimonio viario rural de Andalucía lo representan, fundamentalmente, las vías pecuarias en toda su diversidad (cañadas reales, cordeles, veredas, etc.), los caminos públicos municipales, las pistas forestales, los senderos de uso deportivo y turístico, los caminos de uso cultural, los itinerarios naturales en espacios protegidos y las vías férreas en desuso o recuperadas como vías verdes, así como las edificaciones e infraestructuras facilitadoras y complementarias de sus diversos usos (centros de interpretación, miradores naturales, áreas recreativas, etc.).

Dicho patrimonio es parte integrante del dominio público viario que cumple funciones de comunicación, culturales y ecológicas. Es una clara expresión del acervo cultural y ecológico del medio rural. Actividades tradicionales de gestión del territorio como la agricultura, la ganadería, el manejo forestal, la trashumancia o la caza, han girado en torno a dicho patrimonio.

Además, hay que señalar que el patrimonio viario también tiene como función satisfacer la demanda de uso deportivo, recreativo y turístico de la población urbana, más aún tras la pandemia COVID-19 durante la que este tipo de actividades se ha incrementado de forma significativa. En España existen más de 7,5 millones de personas que practican senderismo habitualmente, 16 millones de visitantes anuales a espacios naturales protegidos y casi 12 millones de pernoctaciones en alojamientos rurales, entre los que el uso de los caminos y senderos rurales es una de sus principales demandas. Un uso que puede generar un importante valor en las principales economías de Europa, ya que se estiman en 100 millones los usuarios europeos de estos viales (turistas, senderistas, ciclistas, peregrinos, etc.).

Los estudios realizados demuestran que estos nuevos usos, en constante expansión, pueden ofrecer por sí mismos, si se encuentran adecuadamente regulados y gestionados, un recurso valioso para sostener una economía rural viva, favoreciendo la oportunidad de contribuir a la fijación de la población al territorio, la diversificación de la actividad económica, la dinamización de la sociedad rural y la conservación del paisaje tradicional, objetivos que encajan en el actual Pacto Verde de la Comisión Europea.

En cuanto al empleo que puede generar esta “economía verde” vinculada al mantenimiento del patrimonio viario se señala lo siguiente: reconversión del cuerpo profesional de agentes forestales, sobre todo en las tareas de vigilancia o custodia de este patrimonio; empleabilidad entre las figuras profesionales relacionadas con el turismo de naturaleza; oportunidades para promover la contratación de población y empresas locales de construcción (obra pública) para tareas de recuperación, puesta en valor y mantenimiento de ese patrimonio; potenciar los servicios de mejora de explotación de recursos naturales en fincas públicas, como la recogida de corcho o piñones, producción de miel, desbroce, pastoreo y limpieza de montes; puesta en valor de los caminos como elemento fundamental de acceso para la prevención, evacuación y lucha contra las catástrofes naturales, principalmente los incendios forestales; e intensificación de una oferta ordenada y sostenible de actividad turística vinculada a las actividades deportivas, ambientales y culturales.

El protagonismo social que ha adquirido este tema ha hecho que llegue a la agenda política. Ejemplo de ello es que en 2017 el Parlamento de Andalucía aprobara la Ley 3/2017, de 2 de mayo, de Regulación de los Senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en 2018 tramitara la Proposición de Ley 10-18/PPL-000011 relativa Caminos Públicos Rurales de Andalucía, situándose a la vanguardia de otras normas del mismo rango sobre esta materia que se han generado posteriormente fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

Córdoba tiene un extraordinario potencial multiplicador del valor añadido de esos nuevos usos gracias a que cuenta con 997 kilómetros señalizados y homologados. Además, la provincia de Córdoba alberga 265 kilómetros de vías verdes registradas en el inventario del Ministerio de Fomento y 5.219 kilómetros de vías pecuarias. Asimismo, por Córdoba discurren 234 kilómetros señalizados de Camino de Santiago. A esto habría que añadir los caminos públicos municipales y las pistas forestales en espacios naturales protegidos.

Sin embargo, hay que llamar la atención sobre el conflicto entre dos derechos fundamentales (el de la propiedad privada y el del libre tránsito por los caminos públicos) y denunciar la situación de inseguridad y estado de abandono (debido a la pérdida de su función tradicional, a la alteración, roturación o cierre por parte de particulares) en que se encuentra una buena parte del patrimonio viario y la consiguiente pérdida del valor añadido que tendría para la sociedad y la economía si se cuidara adecuadamente. Completar la catalogación del patrimonio público viario es un paso necesario para su defensa y protección. Este patrimonio debe estar sometido a normas y planes que velen por la recuperación y protección de estos bienes de dominio público, protejan el interés general y faciliten su uso y disfrute por la sociedad. La progresiva desatención y abandono ha generado una crisis de gobernanza, caracterizada por un escenario de conflictos materiales y simbólicos entre actores tradicionales vinculados al sector primario y nuevos actores sociales y económicos usuarios de este patrimonio, que están obstaculizando el aprovechamiento de este patrimonio. Esto requiere proporcionar herramientas que orienten la acción pública para el restablecimiento de la oportuna gobernanza de este patrimonio, que genere mayor estabilidad social y ambiental en el medio rural.

En este contexto, la Asociación Córdoba-FUTURA ha dado la voz a protagonistas y gestores del patrimonio viario rural, para analizar los problemas y formular los compromisos necesarios entre los diferentes intereses para asegurar el mantenimiento de este bien público.

Intervinieron en el acto:

• David Moscoso Sánchez, profesor Titular de Sociología en la Universidad de Córdoba
• María Dolores Atienza Ibáñez, representante de la Plataforma “A Desalambrar”
• Francisco Castejón Montijano, propietario de finca en la Sierra de Córdoba y catedrático de la UCO

Moderó: José Manuel León, periodista (Cadena Ser)

Además, estuvieron invitados a la “fila cero” representantes de los distintos intereses públicos y privados, entre otros intervinieron Francisco Palomares, delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación, y Manuel Trujillo, coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos.

La sesión, organizada por la Asociación Córdoba-FUTURA y patrocinada por la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasol, tuvo lugar el 29 de septiembre de 2021, a las 20 horas, en la sede de la Fundación Cajasol (Avda. Ronda de los Tejares, 32. Córdoba).

El evento se emitió en directo, y puede verse en diferido desde nuestro canal youtube.com/CordobaFutura