Una mirada al fraude fiscal en España

En los últimos años han ido apareciendo noticias sobre personas y entidades con cuentas en paraísos fiscales que reavivan la preocupación por el tema del fraude fiscal (vulneración de una norma tributaria con la que se pretende eludir mediante engaño el pago de un impuestos). Con ello se relacionan otros actos como la evasión fiscal (ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos) y la elusión fiscal (evitar o minimizar el pago de impuestos, en principio por vías legales, depositando el dinero en países donde se pagan menos impuestos). También existen otras formas no ajenas a las anteriores para evadir impuestos, como las facturas falsas, los pagos sin factura que evaden el IVA, el blanqueo de capitales o prácticas legales como el régimen de estimación objetiva de la base imponible del IRPF, que se pueden utilizar para ello.

Este es un problema generalizado. Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20 y desde instancias europeas se vienen adoptando medidas y planes de colaboración entre países tendentes a evitar la pérdida de ingresos por motivos ilícitos, que sustraen de las arcas públicas cuantiosas masas monetarias. La Unión Europea en el preámbulo de la Directiva 2011/16/UE reconoce que el fraude y la evasión fiscal se han agravado en el espacio comunitario. El pasado octubre, la Comisión Europea señalaba que solo por el IVA se pierden anualmente más de 150.000 millones de euros. Aunque es difícil calcular el monto total de fraude, no lo es apreciar que se trata de una cantidad que podría bastar para el sostenimiento del Estado de Bienestar, o para mejorar las infraestructuras. Tampoco hay que olvidar que el fraude y la evasión fiscal en el ámbito empresarial proporcionan injustas ventajas competitivas a quienes lo practican.